Las cámaras empresariales que representan a los productores de biodiésel encendieron una fuerte señal de alarma ante el Gobierno nacional. A través de una presentación conjunta, la Cámara de Empresas PyME Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB), la Cámara Santafesina de Energías Renovables (CASFER) y la Cámara Argentina de Productores de Biocombustibles (CAPBA) denunciaron un incumplimiento sostenido de la Ley 27.640, que regula la fijación de precios del sector.
En la nota dirigida al ministro de Economía, las entidades advirtieron que desde mediados de 2024 la Secretaría de Energía establece valores de referencia que no respetan la fórmula legal, la cual garantiza una rentabilidad mínima del 3%. Según las cámaras, esta situación derivó en un quebranto acumulado de 53 millones de dólares, que compromete la continuidad de las operaciones y pone en riesgo cientos de empleos directos e indirectos.
El reclamo detalla que el precio oficial para octubre de 2025, fijado en $1.508.754 por tonelada, se ubica por debajo de los costos reales de producción. El dato más crítico: el aceite de soja, principal insumo del biodiésel, alcanzó un valor promedio de $1.563.100 en la misma quincena. “Este desfasaje destruye la ecuación económica del sector y vulnera la normativa vigente”, advierten las entidades.
La preocupación se centra especialmente en Santa Fe, provincia que concentra más del 80% de la capacidad productiva nacional. En localidades del sur como San Lorenzo y Puerto General San Martín, la incertidumbre ya se traduce en paradas técnicas, reducción de turnos laborales y riesgo de cierre de plantas.
El impacto, sin embargo, trasciende lo industrial. La crisis golpea también a transportistas, proveedores, operarios y toda la cadena logística portuaria, que depende en gran parte del dinamismo del biodiésel.
El sector, que en la última década fue emblema de la sustitución de importaciones y la generación de divisas, enfrenta hoy un escenario de inviabilidad económica. Las cámaras empresariales reclamaron una corrección urgente del esquema de precios y el cumplimiento estricto de la Ley 27.640, advirtiendo que, de persistir la situación, “Argentina podría perder uno de sus sectores más competitivos y sostenibles en materia energética”.
Fuente: Data Portuaria/Redacción TE.
