La inteligencia artificial (IA) dejó de ser un fenómeno futurista para convertirse en un factor que ya impacta en la vida cotidiana. Desde cómo consumimos información hasta la manera en que producimos bienes o tomamos decisiones, su irrupción avanza con una velocidad inédita en la historia de las tecnologías. En este escenario, la relación entre el Estado y la IA se vuelve un terreno decisivo.
Así lo plantea María Victoria Boix, investigadora de Cippec, quien remarca que la administración pública enfrenta una oportunidad inédita, pero también riesgos que requieren planificación, control y transparencia. “Es un cambio tan profundo como lo fue la electricidad en su momento. Todavía no alcanzamos a dimensionarlo, pero va a atravesar múltiples aristas de nuestra sociedad”, señala en diálogo con Río Negro.
Cippec viene trabajando en un mapeo del uso de IA en el sector público argentino y elaboró una guía con recomendaciones. La primera, según Boix, es clara: cada nivel de gobierno necesita una estrategia propia de inteligencia artificial, con principios, valores y ejes de trabajo definidos, y con participación ciudadana y del sector privado.
El segundo paso es más pragmático: iniciar con proyectos piloto, enfocados en resolver problemas concretos. “No se puede transformar todo el Estado de una vez. La clave es empezar con pilotos controlados, que permitan aprender y luego escalar”, explica.
El avance de la IA exige reglas claras. Por eso, otra recomendación apunta a establecer un marco de gobernanza: definir normas, roles de los actores involucrados y mecanismos de evaluación. “Se trata de aprender en cada fase y ajustar, porque la IA tiene muchísimas implicancias”, sostiene.
Pero la gobernanza no alcanza sin talento humano. Boixadvierte que hoy el Estado carece de recursos especializados en IA, y que será crucial invertir en capacitación y articulación con el sector tecnológico. “Es muy difícil atraer a los perfiles más avanzados, pero hay que recapacitar a los servidores públicos y generar vínculos para aprovechar el conocimiento disponible”, asegura.
Uno de los grandes desafíos históricos de la gestión pública es la burocracia. Para Boix, la IA puede ayudar a reducirla, siempre que exista una base de datos sólida e interoperable. “No sirve que un ciudadano tenga que cargar cien veces el mismo dato en diferentes dependencias. Sin datos de calidad, no habrá inteligencia artificial útil ni transparente”, enfatiza.
¿Hasta dónde puede decidir la IA?
El debate sobre los límites de la IA en el Estado es central. Para la investigadora, la recomendación internacional más sólida es mantener siempre el control humano en los procesos clave. “Se puede automatizar y mejorar la eficiencia, pero no delegar la decisión. La IA debe ser un asistente, no un juez”, advierte.
En ámbitos sensibles como la justicia, la tecnología ya empieza a ser utilizada para organizar información y acelerar procesos, pero Boix es clara: “Nunca se debe delegar la sentencia a la IA. Puede facilitar el acceso a datos y ordenar causas, pero la decisión debe seguir en manos de un juez”.
La clave: equilibrio
La convivencia entre un Estado más digital y la necesidad de mantener un vínculo humano con la ciudadanía será, para Boix, la gran prueba del futuro inmediato. “La IA no va a reemplazar el contacto directo en cuestiones sensibles, pero sí puede aumentar la transparencia y la eficiencia de los procesos. El desafío es encontrar el equilibrio”, concluye.
Fuente: Río Negro/ Redacción TE.
