OpenAI anunció la construcción de un mega data center en la Patagonia argentina, el más grande de su tipo en la región. La inversión, celebrada por el Gobierno como un hito de innovación y modernidad, reabre un debate urgente: ¿quién gana realmente con la expansión de la inteligencia artificial en América Latina?
Un modelo que se repite
En los últimos años, empresas tecnológicas globales instalaron centros de datos en México, Chile y Brasil, muchas veces en territorios con escasez de agua y limitada infraestructura energética. Estos proyectos prometen desarrollo y conectividad, pero suelen dejar tras de sí un alto costo ambiental y escasos beneficios locales.
Argentina parece seguir ese camino. La compañía de Sam Altman, CEO de OpenAI, anunció una inversión de 25.000 millones de dólares para construir un data center de hasta 500 MW de potencia en la Patagonia. El proyecto forma parte de Stargate, la red global de infraestructura de IA impulsada por OpenAI junto a Oracle, SoftBank y MGX. En el país, la gestión local estará a cargo de Sur Energy, liderada por el empresario tecnológico Emiliano Kargieman.
Un acuerdo con pocas condiciones
La iniciativa se enmarca en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que otorga a los inversores hasta 30 años de estabilidad fiscal, libre disponibilidad de divisas y escasas obligaciones en materia de contratación o proveedores locales.
Aunque el comunicado oficial de OpenAI aseguró que el proyecto “pondrá la IA en manos de más personas en todo el país”, no hubo menciones a empleos locales, impacto ambiental o transferencia tecnológica. En cambio, la operación se anunció luego de una negociación entre el presidente Javier Milei y Donald Trump, acompañada por elogios mediáticos que repitieron la promesa de una “lluvia de inversiones”.
La cara oculta del progreso digital
Experiencias similares en otros países muestran que estos centros de datos consumen enormes cantidades de energía y agua. En Querétaro, México, las autoridades debieron racionar el suministro de agua y ampliar un 50% la capacidad eléctrica local —en parte con fuentes fósiles— para sostener la demanda de los data centers.
Si bien el desembarco de estas empresas puede representar una oportunidad para regiones con pocos recursos, la ausencia de regulaciones ambientales y de compromisos de reinversión convierte esa promesa en un beneficio efímero. Sin condiciones claras, los países se limitan a ofrecer recursos naturales y estabilidad jurídica a cambio de un acceso simbólico a servicios como ChatGPT.
Ciencia local, recursos globales
El contraste es evidente. Mientras el Gobierno argentino reduce el financiamiento a las universidades y al sistema científico público —base de la formación de muchos de los protagonistas del sector tecnológico—, celebra acuerdos que entregan infraestructura estratégica a corporaciones extranjeras.
El propio Kargieman, hoy figura clave del proyecto, reconoció que su trayectoria empresarial fue posible gracias a décadas de inversión estatal en ciencia, tecnología espacial y nuclear. “El INVAP y el Ministerio de Ciencia fueron fundamentales para crear capacidades que hoy usamos en el sector privado”, admitió.
Un nuevo tipo de extractivismo
Los centros de datos son la nueva frontera del extractivismo digital. En lugar de minerales o hidrocarburos, las potencias tecnológicas buscan energía barata, agua y estabilidad política para alimentar la infraestructura global de inteligencia artificial.
Frente a eso, los países latinoamericanos tienen una oportunidad única: negociar condiciones justas que incluyan empleo local, participación en las ganancias, transferencia tecnológica y reinversión en educación y ciencia. Sin ese tipo de acuerdos, el riesgo es repetir viejas historias de dependencia, ahora con servidores en lugar de minas.
Fuente: El País España/Redacción TE
