La inteligencia artificial no surge del aire. Se construye sobre una materia prima tan abundante como invisibilizada: los datos personales que millones de personas generamos cada día. Mensajes, búsquedas, fotos, ubicaciones, likes, audios. Todo eso alimenta los sistemas que hoy dominan el mercado tecnológico global. El problema es evidente: esa extracción masiva ocurre sin pago, sin devolución y sin una reinversión significativa en los países donde se originan esos datos.
Como advirtió la investigadora argentina Luciana Benotti, son contadas las empresas que generan valor económico real en el mundo hispanohablante, a pesar de entrenar sus modelos con información producida en español. Las big tech no venden inteligencia artificial como un producto que se compra una vez: la alquilan. Centralizan información de empresas, gobiernos y usuarios en sus nubes, se apropian de esos flujos y los reutilizan para entrenar nuevos sistemas. El negocio es circular: usamos sus servicios, producimos datos y con eso entrenan las próximas versiones que luego vuelven a alquilarnos.
Revisar la moratoria de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre los aranceles a las transmisiones electrónicas permitiría empezar a proteger este recurso estratégico. No se trata solo de pagar por la infraestructura, sino por la materia prima informacional que hoy se extrae gratis.
Un giro en esta lógica abriría la puerta al desarrollo de capacidades locales: centros de datos propios, modelos de IA entrenados en la región, soberanía tecnológica. Hoy eso es casi imposible frente a la concentración extrema del poder económico y computacional de las plataformas globales.
Exportamos soja con retenciones. Exportamos datos con tarifa cero. Benotti plantea una idea tan incómoda como concreta: cobrar cuando los datos salen del país, igual que se cobra cuando se exporta un commodity. El objetivo no es castigar al usuario, sino permitir que el Estado recaude y que esos recursos vuelvan a la sociedad en obras, educación, ciencia y conectividad. En un país federal, donde la escasez de fondos golpea directamente en los servicios básicos, esta discusión no es teórica.
La escala ayuda a entender el problema. Según DataReportal, en enero de 2024 Argentina tenía más de 40 millones de usuarios de internet y más de 31 millones en redes sociales. A nivel global, el usuario promedio pasa 6 horas y 40 minutos por día online, y más de 2 horas en redes. Si multiplicamos usuarios por horas diarias por 365 días, el volumen es descomunal. Ese tiempo no es ocio inocente: es el combustible de la economía de la atención.
Cada minuto, el planeta funciona como una fábrica de datos. La serie Data Never Sleeps lo muestra sin eufemismos: millones de acciones por minuto. Incluso cuando el ritmo baja, las cifras siguen siendo monstruosas. En 2024, por ejemplo, las búsquedas en Google cayeron, pero aun así quedaron cerca de 6 millones por minuto. En criollo: cada scroll deja una huella que luego se transforma en segmentación, recomendación y venta.
Con ese insumo se hacen fortunas. Meta no te cobra por entrar: le cobra a otros por tu permanencia. En 2024 facturó más de 164 mil millones de dólares, con ganancias netas superiores a 62 mil millones. Su propio informe ante la SEC lo dice sin rodeos: casi todo proviene de publicidad. Y la publicidad vale más cuanto más tiempo y más datos entrega el usuario.
Alphabet juega el mismo partido: monopolio de la búsqueda, del video y del hábito digital. En 2024 informó ingresos por 350 mil millones de dólares y ganancias por más de 100 mil millones. Los datos que hicieron gigante a la publicidad hoy son el combustible de la inteligencia artificial. No es casual que ya se hable de una futura “escasez” de datos de alta calidad para entrenar modelos. El negocio dejó de ser solo vender anuncios: ahora es entrenar máquinas con nuestra vida digital.
Entonces surge la pregunta fiscal: si el insumo cruza fronteras en forma de bits, ¿por qué no se lo trata como un cruce de frontera? La respuesta está en la moratoria de la OMC, vigente desde 1998, que impide aplicar derechos aduaneros a las transmisiones electrónicas. No prohíbe cobrar IVA o Ganancias, pero sí bloquea la herramienta más directa para gravar estos flujos digitales.
¿De cuánto dinero hablamos? Estudios citados por UNCTAD estiman que entre 2017 y 2020 los países en desarrollo perdieron casi 56 mil millones de dólares en ingresos potenciales. Y el dato estructural es todavía más fuerte: si pudieran aplicar aranceles digitales, los países en desarrollo podrían recaudar hasta cuarenta veces más que los desarrollados.
Hay una ventana temporal. La OMC prorrogó la moratoria hasta marzo de 2026. Si Argentina quiere dejar de ser un exportador de scroll gratuito, el debate real no es ideológico: es técnico. Qué cobrar, a quién, cómo y con qué garantías para el ciudadano. Privacidad, transparencia y, sobre todo, una devolución tangible: infraestructura digital, ciencia, educación y desarrollo tecnológico propio.
Porque los datos ya son el nuevo petróleo. La diferencia es que hoy los regalamos.
Fuente: Texto original Alejandro Urueña – Ética e Inteligencia Artificial (IA) – Founder & CEO Clever Hans. Magíster en Inteligencia Artificial. La Gaceta/Redacción TE.
