La investigadora de la UBA, docente y abogada Paula Eugenia Rodríguez advierte sobre la creciente exposición de niños, niñas y adolescentes a los abusos del mercado digital. Cuestiona la eliminación de herramientas de protección al consumidor en Argentina y reclama mayores responsabilidades para las plataformas tecnológicas y el Estado.
La expansión de las billeteras virtuales, las compras dentro de videojuegos y las apuestas online está transformando los hábitos de consumo de niños, niñas y adolescentes. En un entorno atravesado por algoritmos, publicidad personalizada y operaciones financieras inmediatas, la protección de los usuarios más jóvenes se convirtió en un desafío que combina tecnología, regulación y derechos de la infancia.
La problemática es uno de los ejes de “Relaciones de consumo de niños, niñas y adolescentes”, el libro publicado por la editorial El Derecho que reúne una línea de investigación desarrollada desde 2018 por Paula Eugenia Rodríguez y Sergio Sebastián Barocelli, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
La obra plantea la necesidad de reconocer a las infancias y adolescencias como consumidores reales, cuyas condiciones de vulnerabilidad requieren mecanismos específicos de protección frente a un mercado digital cada vez más complejo.
Durante años, el derecho del consumidor abordó las compras de los menores principalmente desde la lógica de los denominados «actos de bolsillo», vinculados con gastos cotidianos de bajo monto. Sin embargo, la digitalización modificó ese escenario: hoy los adolescentes pueden operar con billeteras virtuales, realizar transferencias, efectuar compras en plataformas de entretenimiento y quedar expuestos a fraudes, endeudamiento temprano y mecanismos comerciales que incentivan el consumo permanente.
Un mercado digital que exige nuevas reglas
Rodríguez sostiene que la vulnerabilidad propia de las relaciones de consumo se intensifica cuando los usuarios son niños, niñas y adolescentes. La dificultad para comprender el funcionamiento de los sistemas financieros digitales, la publicidad segmentada y los mecanismos de captación de atención configura un escenario que requiere respuestas regulatorias específicas.
En ese contexto, la especialista cuestiona el retroceso de las políticas públicas destinadas a proteger a los consumidores más jóvenes. Entre los antecedentes que señala se encuentran la derogación de la Resolución 139, que contemplaba un abordaje específico para consumidores hipervulnerables, y de la Resolución 236, que había habilitado a adolescentes a presentar reclamos directamente ante las autoridades de Defensa del Consumidor.
Según la investigadora, la eliminación de estas herramientas debilita las condiciones para que los menores puedan ejercer efectivamente sus derechos. También advierte sobre la disolución del COPREC, el sistema nacional de conciliación para conflictos de consumo.
La discusión excede la existencia de normas aisladas. El planteo apunta a integrar la legislación de defensa del consumidor con los estándares de protección de los derechos humanos de la infancia, mediante procedimientos accesibles, lenguaje claro y canales de reclamo adecuados para los usuarios más jóvenes.
Uno de los principales desafíos consiste en evitar que la protección de los menores quede exclusivamente en manos de las familias. Para Rodríguez, las empresas tecnológicas deben asumir un papel activo en la prevención de los riesgos que generan sus productos y servicios.
Los algoritmos diseñados para prolongar el tiempo de permanencia, la publicidad dirigida, las cajas de recompensa y las mecánicas de apuestas incorporadas en algunos videojuegos forman parte de un debate internacional sobre los límites de los modelos de negocio digitales.
La investigadora propone avanzar hacia entornos seguros desde el diseño, con mayores garantías de privacidad, mecanismos efectivos de verificación de edad, restricciones a las prácticas comerciales dirigidas a menores y controles independientes sobre el cumplimiento de las obligaciones de las empresas.
En el plano internacional, menciona las discusiones judiciales y regulatorias en Estados Unidos y el avance de Brasil con su legislación de protección de niños y adolescentes en entornos digitales, conocida como ECA Digital.
Estas experiencias ponen en discusión hasta qué punto los Estados deben intervenir para limitar prácticas comerciales que pueden afectar los derechos, la privacidad y el bienestar de las infancias.
Regulación, control y protección desde el Estado
El desafío consiste en construir un sistema de protección que articule tres dimensiones: la responsabilidad empresarial, la fiscalización estatal y el acompañamiento educativo de las familias y las instituciones.
Para Rodríguez, trasladar toda la carga de prevención a los adultos resulta insuficiente frente a plataformas cuyos mecanismos de funcionamiento pueden ser difíciles de comprender incluso para los propios usuarios adultos.
La discusión adquiere especial relevancia en un contexto en el que la digitalización amplía el acceso a servicios financieros y de entretenimiento, pero también multiplica las oportunidades de explotación comercial de los usuarios más vulnerables.
En definitiva, la protección de las infancias en la economía digital no depende únicamente del uso responsable de la tecnología. Requiere reglas claras, empresas sujetas a controles efectivos y organismos públicos con capacidad para prevenir abusos y garantizar el acceso a la justicia.
El crecimiento del mercado digital plantea así una pregunta central para la agenda regulatoria: cómo aprovechar las oportunidades de la innovación tecnológica sin dejar desprotegidos a quienes cuentan con menos herramientas para identificar y enfrentar sus riesgos.
Fuente: Página 12/Redacción TE.
