El fideicomiso que permitirá construir 51 kilómetros de ruta en el corazón de Vaca Muerta con aportes directos de las empresas petroleras será finalmente tratado en la Legislatura de Neuquén. Se trata de un paso clave para otorgar respaldo legal y político a un mecanismo inédito en la provincia: la participación directa de la industria hidrocarburífera en el financiamiento y ejecución de una obra pública.
El proyecto, enviado este mes por el gobernador Rolando Figueroa, apunta a “blindar” el esquema frente a eventuales cuestionamientos y garantizar seguridad jurídica tanto para el Estado como para las operadoras. Nueve compañías —YPF, Vista, Pluspetrol, Pan American Energy, Pampa Energía, Tecpetrol, Chevron, Petrolera El Trébol (Phoenix Global Resources) y Total Austral— firmaron el fideicomiso para la pavimentación de tramos de las rutas provinciales 8 y 17, además de un bypass que permitirá desviar el tránsito pesado de la Ruta 7, una de las zonas más críticas en materia de siniestralidad vial.
Figueroa justificó la iniciativa en la necesidad de responder al “notable incremento de la circulación vehicular”, en especial de camiones y equipos pesados, que sobrecargan rutas no diseñadas para ese tránsito. “El deterioro de la infraestructura, los accidentes y los tiempos de traslado excesivos impactan directamente en la competitividad de Vaca Muerta y en la calidad de vida de los habitantes”, sostuvo el mandatario.
El acuerdo marco con el fiduciario TMF Trust Company (Argentina) SA fue rubricado el 8 de septiembre, mientras que el contrato original del fideicomiso —denominado ‘Bypass de Añelo’— se firmó el 19 de junio y fue adendado el 2 de octubre. La iniciativa autoriza al Ministerio de Infraestructura, encabezado por Guillermo Koenig, a adherir formalmente al esquema en carácter de fideicomisario.
Una ley como garantía
El envío del proyecto con rango de ley tiene objetivos concretos: eximir al fideicomiso de los impuestos de Sellos e Ingresos Brutos, introducir ajustes a la Ley 3439 de Peajes —sancionada en 2024 pero aún no reglamentada— y, sobre todo, brindar un marco normativo que otorgue validez y previsibilidad al modelo.
“El texto garantiza la plena validez jurídica del régimen de peaje y la seguridad jurídica de las empresas participantes”, señala el documento.
Según fuentes del sector, la clave del tratamiento legislativo radica en este punto. El fideicomiso representa una experiencia pionera y las compañías, especialmente las internacionales, buscaban una norma que despeje cualquier duda sobre sus responsabilidades.
“No somos concesionarios: financiamos y entregamos la obra a Vialidad Provincial. La ley deja todo eso perfectamente delimitado”, explicó un representante de una de las operadoras involucradas.
El proyecto establece que la Provincia recibirá la obra como una donación con cargo, y que el futuro régimen de peaje se destinará primero al mantenimiento de la traza y luego al repago de la inversión.
Transparencia y legitimación
Otra de las empresas participantes valoró que el tratamiento legislativo “le da transparencia y legitimidad” al proceso, al hacer público un instrumento que hasta ahora era de carácter confidencial.
“El fideicomiso deja de ser un acuerdo privado para transformarse en una política de Estado. Eso genera confianza”, remarcaron.
Aunque el gobierno no había anticipado el envío del texto a la Legislatura —actualmente en receso por la campaña electoral—, el propio contrato ya contemplaba la necesidad de una ley provincial habilitante, denominada “Permiso Satisfactorio”, que formalice la autorización para la ejecución de la obra.
El proyecto tomará estado parlamentario el 29 de octubre y será girado a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto, ambas con mayoría del oficialismo, por lo que no se esperan mayores obstáculos para su aprobación.
Una inversión de US$51 millones
El costo total de la obra se definirá en la licitación, aunque el gobierno estima una inversión inicial de US$51 millones más IVA.
El bypass de Añelo se perfila como una obra estratégica para descongestionar la Ruta 7 y reducir los accidentes fatales que se multiplicaron en los últimos años entre Añelo y San Patricio del Chañar, una zona donde el tránsito de camiones se incrementó junto con la expansión de Vaca Muerta.
“Es una respuesta inmediata y eficiente a un problema estructural de la región”, sostienen desde Casa de Gobierno, que busca convertir este fideicomiso en un modelo replicable para futuras obras vinculadas al desarrollo energético.
Fuente:Econojournal/Redacción TE.
