Por medio de un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo nacional confirmó el inicio del proceso para transferir al sector privado el control de las centrales hidroeléctricas Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, cuyos contratos de concesión están vencidos desde hace meses. La medida reaviva las tensiones con los gobiernos de Neuquén y Río Negro.
El gobierno de Javier Milei formalizó este jueves el inicio del proceso de privatización de las principales represas hidroeléctricas del Comahue. A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, se confirmó que a partir del 1 de enero de 2026 se avanzará con la licitación nacional e internacional para la venta de acciones de las sociedades que gestionan las centrales Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila.
La medida se sustenta, según el texto oficial, en la caducidad de las concesiones vigentes desde la década del ’90, cuando estas empresas pasaron a manos privadas en el marco de la reforma del Estado. Con esos contratos vencidos, el Poder Ejecutivo argumenta que “resulta necesario garantizar la continuidad del servicio eléctrico mientras se desarrolla un procedimiento de privatización competitivo y ágil”.
Licitación sin base y continuidad operativa
El proceso será gestionado por el Ministerio de Economía en conjunto con la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, con un plazo de 60 días corridos para llamar a licitación. El decreto autoriza a continuar con la operación de las represas por parte de los actuales concesionarios —entre ellos Orazul Energy, AES Argentina, Central Puerto y ENEL—, aunque con un límite: el 31 de diciembre de 2025 o hasta que se adjudique la licitación, lo que ocurra antes.
Las empresas deberán presentar en un plazo de cinco días una “carta de adhesión” al esquema propuesto. En caso de no hacerlo, estarán obligadas a continuar con la generación eléctrica por un período no inferior a 90 días hábiles.
Regalías y tensiones con las provincias
La decisión del Gobierno nacional reavivó el debate con los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa, y Río Negro, Alberto Weretilneck, quienes habían solicitado una prórroga en abril pasado para evaluar el proceso con sus equipos técnicos y plantear condiciones. Entre los reclamos centrales, ambos mandatarios buscan mayor participación provincial en las regalías, parte del cobro “en especie” y el compromiso de obras pendientes como el refuerzo de seguridad en la presa Portezuelo Grande.
En el decreto, el Ejecutivo nacional reconoció esta solicitud, aunque finalmente optó por avanzar con el proceso de privatización bajo el argumento de asegurar eficiencia, transparencia y previsibilidad en el funcionamiento del sistema energético.
El modelo de privatización
El esquema definido por el Gobierno contempla la creación de nuevas sociedades anónimas que asumirán las concesiones de las represas, cuyas acciones serán luego ofrecidas al capital privado a través de un concurso público sin base económica mínima.
Asimismo, se establece que las nuevas operadoras deberán abonar regalías a las provincias involucradas, en acuerdo con la Secretaría de Energía, respetando la proporcionalidad de ingresos reconocidos en cada contrato.
Con esta medida, el Gobierno de Milei avanza con uno de los ejes más controversiales de su plan de reestructuración del Estado: la privatización de activos estratégicos. Mientras tanto, provincias productoras como Neuquén y Río Negro buscan evitar quedar relegadas en el reparto de beneficios y en el control de recursos clave para su desarrollo.
Fuente Boletín oficial/Diario Río Negro /Reducción TE
