Por Decreto, el presidente Javier Milei oficializó la eliminación de los derechos de exportación para todo el sector minero. La medida alcanza a productos metalíferos, no metalíferos, rocas de aplicación y piedras preciosas.
En un nuevo paso hacia la liberalización económica, el Gobierno nacional dispuso la eliminación total de las retenciones a las exportaciones del sector minero. A través del Decreto 563/2025, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, se estableció una alícuota del 0% para el Derecho de Exportación de productos mineros, con el objetivo —según el texto oficial— de “impulsar la competitividad del sector y fomentar el ingreso de divisas”.
La decisión abarca a todo el universo minero, incluyendo la minería metalífera, no metalífera, piedras preciosas y semipreciosas, combustibles y rocas de aplicación. Además, el decreto derogó un régimen especial para exportaciones de cobre que estaba vigente desde hace años pero que nunca fue implementado.
“La presente medida busca impulsar la competitividad del sector minero, en concordancia con los principios de libertad económica y apertura comercial”, señala el decreto, que también remarca el objetivo de “promover un desarrollo productivo sostenible y respetuoso de la estabilidad fiscal”.
Desde el oficialismo se justifica la iniciativa en la necesidad de atraer inversiones y fortalecer las exportaciones, particularmente en provincias con fuerte perfil minero como Jujuy, Santa Cruz, San Juan y Catamarca, donde la minería representa hasta el 80% de la canasta exportadora.
Críticas por pérdida de ingresos fiscales y desprotección estratégica
Sin embargo, la decisión también generó cuestionamientos por el impacto fiscal y distributivo de la medida. Con este cambio, las grandes empresas mineras —en su mayoría extranjeras— dejarán de aportar impuestos a través de retenciones sobre las exportaciones, lo que podría representar una pérdida significativa de recursos para el Estado.
Además, voces críticas desde ámbitos académicos, sociales y políticos advirtieron que una apertura irrestricta del sector, sin mecanismos claros de control estatal, puede profundizar un modelo extractivista con escasa reinversión local y limitado valor agregado. En este sentido, se advierte sobre el riesgo de que el retiro del Estado en la regulación de recursos naturales estratégicos derive en una pérdida de soberanía sobre bienes comunes clave, como los minerales críticos para la transición energética.
También se ha señalado la falta de salvaguardas ambientales robustas en el marco de esta desregulación. En un contexto de creciente presión global sobre el desarrollo sostenible, distintas organizaciones alertan que este tipo de medidas podrían debilitar los controles sobre el impacto ambiental de la actividad extractiva, especialmente en zonas de alta fragilidad ecológica.
En paralelo, el decreto también eliminó el Registro Optativo de Exportaciones de Cobre, un instrumento promocional creado en 2020 pero que nunca llegó a aplicarse en la práctica. Según el Gobierno, no había beneficiarios inscriptos en ese régimen.
Con esta nueva medida, la administración de Javier Milei refuerza su estrategia de apertura económica y desregulación del comercio exterior, en un contexto donde busca consolidar señales promercado para atraer capitales, incluso a costa de resignar ingresos fiscales y reducir la capacidad estatal de intervención en sectores considerados estratégicos.
Fuente: Página 12 / Redacción TE
