El gobierno nacional oficializó el pliego de licitación para reprivatizar las represas del Comahue y definió cómo se venderá la energía generada durante las próximas tres décadas. La decisión del gobierno nacional está envuelta en la polémica por el reclamo de gobernadores y representantes parlamentarios que, en algunos casos, rechazan el mecanismo de privatización y exigen más recursos y participación para sus provincias
Según la resolución 1200/25, durante los primeros dos años de concesión, el 95% de la energía deberá destinarse a cubrir la demanda residencial prioritaria a un precio regulado de entre US$15 y US$20 por MWh. El 5% restante podrá comercializarse libremente en el mercado.
A partir del tercer año, ese porcentaje de libre disponibilidad se irá incrementando en tramos de 10% cada dos años, hasta llegar al 100% recién en el año 21 de la concesión, que tendrá una duración total de 30 años.
Especialistas del sector advierten que el precio de la energía en el mercado spot difícilmente supere los US$50 por MWh, por lo que la rentabilidad dependerá de la capacidad de cada operadora para cerrar contratos directos con grandes usuarios. En cualquier caso, los concesionarios deberán priorizar la entrega al Mercado Eléctrico Mayorista al precio regulado.
Un esquema para contener tarifas
El modelo elegido limita las ganancias inmediatas de los futuros operadores, pero busca evitar un aumento abrupto en el costo promedio de la electricidad que impactaría directamente en las tarifas residenciales o en el nivel de subsidios.
El precio regulado surge de la remuneración promedio que estas centrales recibieron en 2024, dentro del esquema de “costo-plus” vigente desde 2013, que cubre los gastos de operación y mantenimiento y reconoce una rentabilidad moderada.
Detalles de la licitación
La convocatoria nacional e internacional incluye la venta del 100% de las acciones de Alicurá Hidroeléctrica Argentina S.A., Chocón Hidroeléctrica Argentina S.A., Cerros Colorados Hidroeléctrica Argentina S.A. y Piedra del Águila Hidroeléctrica Argentina S.A.
Entre las condiciones:
- Ningún oferente podrá superar el 20% de la capacidad de generación eléctrica del país (43.555 MW).
- No podrán presentarse entes públicos provinciales o municipales ni UTEs.
- Cada adjudicatario asumirá bienes, contratos, personal y obligaciones sociales.
- Se fijan obras obligatorias en seguridad de presas, medio ambiente y operación.
Este proceso se enmarca en la segunda etapa de la privatización de Enarsa, definida por el decreto 286/2025, que establece la venta progresiva de los activos de la compañía estatal.
Fuente econojournal / Redacción TE
