Por Martín Doñate*
Vivimos una transición civilizatoria de velocidad inédita. Cada día, miles de puestos laborales desaparecen o se transforman. La robótica, la automatización, la inteligencia artificial (IA) y la digitalización masiva no solo están rediseñando la economía: están reconfigurando nuestra idea de humanidad.
Lo verdaderamente disruptivo no es el desempleo en sí, sino la inempleabilidad estructural. No estamos ante una crisis cíclica del trabajo, sino frente a la posibilidad real de que una parte significativa de la humanidad carezca de rol económico productivo en el mundo que viene. Ya están naciendo generaciones que, cuando alcancen la edad para trabajar, habitarán un mundo donde gran parte de las tareas humanas estarán automatizadas. El sistema productivo tal como lo conocimos —basado en el empleo como mediación entre existencia y subsistencia— no los va a necesitar. Serán inempleables no por falta de mérito, sino por evolución tecnológica.
Según McKinsey Global Institute, entre 400 y 800 millones de personas podrían ser desplazadas por la automatización hacia 2030. El 47 % de los empleos actuales corre riesgo de desaparición, según Frey y Osborne. En América Latina, la CEPAL advierte que el impacto será particularmente fuerte en sectores de baja calificación, intensificando la desigualdad estructural. Ante este escenario, se vuelve indispensable repensar no solo la economía, sino el contrato social, el rol del Estado y el sentido mismo de la vida humana.
Un nuevo pacto social para un mundo sin pleno empleo
En este nuevo paradigma, la Renta Básica Universal (RBU) se instala como una alternativa potente pero no exenta de debate. No como dádiva, sino como piso de dignidad ante un modelo de producción que ya no podrá garantizar empleo pleno. Múltiples experiencias internacionales han demostrado efectos positivos en el bienestar, la seguridad económica y la autonomía. Un ejemplo cercano lo ofrece Maricá, Brasil, donde desde hace más de una década se desarrolla una política municipal de renta básica con más de 40 mil beneficiarios y una moneda social local, los mumbucas, que dinamiza el consumo, reduce la pobreza e incentiva la economía comunitaria.
Pero también existen críticas legítimas. Algunos advierten sobre su costo fiscal, la posibilidad de que sustituya otras políticas sociales activas, o que reduzca el incentivo a participar en procesos productivos o formativos. Por eso, más que una solución mágica, la RBU debe pensarse como parte de un ecosistema de políticas redistributivas, educativas y culturales que preparen a las sociedades para habitar una economía con menos empleo tradicional y más tiempo disponible.
Además, conviene matizar el optimismo productivista con el que a veces se presenta a la inteligencia artificial. Si bien es cierto que la automatización puede multiplicar la productividad, también es cierto que no hay garantía de que ese excedente se traduzca en mayor redistribución. El capitalismo digital ha demostrado una enorme capacidad para eludir regulaciones, ocultar rentabilidades en paraísos fiscales y concentrar el conocimiento y la infraestructura en muy pocas manos. Si no hay marcos legales nacionales e internacionales que aseguren la captura pública de parte de esa riqueza, no habrá renta para redistribuir, por más que las máquinas produzcan cada vez más.
La transformación tecnológica multiplica la capacidad productiva, pero también concentra el poder económico y cognitivo. En este nuevo paradigma, la distribución deja de ser solo un problema fiscal: se vuelve el núcleo político del siglo XXI. Y la acumulación ya no se mide solo en dinero, sino en datos, algoritmos, patentes y control de plataformas. Se trata de una nueva arquitectura del poder: ¿quién controla la inteligencia? ¿quién diseña el algoritmo? ¿quién gestiona la infraestructura energética, la nube, la conectividad? En esta etapa tecno-digital y cuántica, la acumulación de capacidades tecnológicas por parte de grandes actores privados globales amenaza con romper cualquier equilibrio. Frente a eso, la redistribución de tiempo, renta, conectividad, cultura y agencia se convierte en condición básica de la democracia futura.
Un estudio de Microsoft Research reveló que, de aquí a 2030, las profesiones más expuestas a la automatización incluyen: traductores, redactores, periodistas, promotores de ventas, asistentes administrativos, analistas financieros, desarrolladores web, docentes universitarios de ciencias sociales. Por el contrario, las ocupaciones menos vulnerables —al menos por ahora— son aquellas que requieren habilidades manuales, contacto humano o juicios éticos complejos: enfermeros, cuidadores, terapeutas, plomeros, operadores técnicos, trabajadores de obra. Según The Washington Post, ya en 2025, la IA automatizaba el 25 % de las tareas laborales en múltiples sectores. Esto no solo afecta el empleo: afecta la identidad. Profesiones que ofrecieron sentido de pertenencia y autoestima durante generaciones hoy se ven amenazadas por máquinas que —más rápido y sin descanso— producen lo mismo o mejor.
Pero el desafío no se agota en lo económico. Está en juego algo más profundo: el sentido existencial del ser humano en una era donde el trabajo —que estructuró durante siglos nuestra identidad, nuestro tiempo, nuestro reconocimiento social— empieza a desdibujarse. Informes del Imagining the Digital Future Center revelan que la principal preocupación de los expertos en IA no es el desempleo masivo, sino el vaciamiento del propósito humano. La filósofa Shannon Vallor advierte que el verdadero riesgo no está en una rebelión de robots, sino en la renuncia progresiva de la humanidad a su agencia moral. El vacío existencial que puede generar esta transición no es un problema individual, ni exclusivo del campo psicológico o espiritual. Debe ser una prioridad de las políticas públicas, educativas, culturales y sanitarias de los Estados. Porque sin propósito colectivo, no hay cohesión social ni futuro compartido.
Argentina, el futuro y el derecho al buen vivir
En este contexto global, Argentina llega con retraso, pero también con historia, capacidades y reservas. Mientras las potencias invierten en IA, automatización y biotecnología, nuestra estructura productiva continúa primarizada, con baja inversión en I+D y un sistema científico castigado. Si no tomamos decisiones estratégicas, el riesgo no es solo quedar atrás, sino ser funcionales a una nueva división internacional del trabajo que nos relegue al rol de proveedores de recursos y usuarios periféricos de tecnologías ajenas.
Sin embargo, no partimos de cero. En distintos momentos supimos liderar procesos de desarrollo con autonomía y visión: el impulso a la metalmecánica en el primer peronismo, las políticas satelitales y nucleares de INVAP, el fortalecimiento universitario entre 2003 y 2015, y la implementación de la Asignación Universal por Hijo como ensayo de renta de base. Lo que falta hoy no es capacidad, sino proyecto.
Estamos ante una oportunidad única para redefinir qué significa “vivir bien” en este siglo. Y esa oportunidad no será eterna. Quizás entre los nuevos derechos del siglo XXI emerja con fuerza el derecho al buen vivir, entendido no solo como bienestar material, sino como la posibilidad real de habitar el mundo con dignidad, equilibrio y conciencia. Ese derecho deberá integrar el acceso a la conectividad, a una renta básica, al tiempo libre, a la cultura, a la educación con sentido, a la salud mental y a la construcción de vínculos comunitarios.
Pero mientras el mundo discute estos temas, en Argentina estamos atrapados en una urgencia que corre en sentido contrario. Una agenda distorsionada por el ajuste, la precarización, la concentración y el vaciamiento deliberado de lo público. Si no generamos las condiciones para pensar y actuar en esta nueva realidad —si no damos este debate con visión, evidencia y coraje— el destino puede ser mucho más dramático de lo que imaginamos.
Quienes sentimos el deber de pensar críticamente este tiempo, quienes asumimos la responsabilidad de observar con atención las señales del presente y anticipar sus consecuencias, sabemos que no alcanza con el diagnóstico. Hace falta voluntad para sembrar conciencia y decisión para impulsar acciones concretas desde cada lugar que habitamos: la educación, la ciencia, el periodismo, la cultura, las políticas públicas. Instalar esta agenda no es una elección ideológica: es una responsabilidad civilizatoria.
La humanidad que merezca ser vivida —y disfrutada— con mayor conciencia, justicia y libertad, será aquella que haya tenido el coraje de repensarse en común, y de construir nuevas formas de convivencia donde el futuro no sea una amenaza, sino una posibilidad compartida.
Por eso, desde espacios como IA 2050 (Instituto Argentina 2050), creemos que es momento de abrir el debate regional sobre la renta básica universal, promover una fiscalidad internacional justa para el capitalismo digital, y transformar la educación para preparar a las nuevas generaciones a una economía donde el trabajo ya no será lo que lo organizaba todo, pero el sentido de la vida seguirá siendo una construcción profundamente humana.
Fuentes consultadas
McKinsey Global Institute, Jobs Lost, Jobs Gained (2025)
Frey & Osborne, The Future of Employment (Oxford, 2013)
CEPAL, Transformación digital e impacto en el empleo en América Latina (2024)
Elon University, Being Human in 2035 Report (2025)
Vallor, Shannon, Technology and the Virtues (Oxford University Press)
Iason Gabriel, Artificial Intelligence, Values and Alignment (arXiv, 2021)
Microsoft Research, AI and Job Displacement Forecast (2025)
The Washington Post, julio 2025
Nick Bostrom, Deep Utopia (2024)
Baumeister & Landau, Meaning in Life (APA Press, 2018)
ResearchGate, Universal Basic Income in the Age of Automation (2024)
G1 Brasil / Instituto da Moeda Social, Maricá: renda básica municipal e moeda mumbuca (2023)
* Martín Doñate es abogado, especialista en Derecho Digital, licenciado en Ciencias Sociales y Humanidades y locutor nacional. Es fundador del estudio jurídico DHLex, especializado en derechos y regulaciones del mundo digital, y del Instituto Argentina 2050 (IA2050), dedicado al análisis y formulación de políticas públicas para el futuro tecnológico y humano del país. Para TecnoEnergía desde IA 2050
