Una denuncia penal apunta contra Daniel González, coordinador del área energética y funcionario del Ministerio de Economía, por presuntas irregularidades en la importación de energía eléctrica desde Uruguay en condiciones que habrían generado un perjuicio económico para el Estado. La causa quedó a cargo del Juzgado Federal N°5, subrogado por la jueza María Eugenia Capuchetti.
La presentación fue realizada por Alejandro Sebastián Díaz Pascual, quien solicitó que se investigue no solo a González, sino también a todos los funcionarios que hayan participado en la decisión. El planteo se apoya en una investigación periodística que advierte sobre compras de energía a valores considerablemente superiores a los del mercado local.
Según la denuncia, el 2 de abril, entre las 19:12 y las 22, Argentina habría importado cerca de 830 MW desde Uruguay. El punto central no es la operación en sí, sino el costo: la energía se habría pagado entre 150 y 200 dólares por MWh, mientras que la generación local —principalmente con gas de Vaca Muerta— oscila entre los 60 y 80 dólares por MWh. Esta diferencia implicaría, en términos prácticos, pagar hasta el doble por el mismo suministro.
El escrito también señala una posible inconsistencia adicional: parte de la electricidad importada habría sido generada en Uruguay utilizando gas argentino previamente exportado a un precio cercano a los 3,5 dólares por millón de BTU. De confirmarse, el esquema implicaría que el país vende gas a bajo costo para luego recomprar energía más cara producida con ese mismo recurso.
Para el denunciante, esta operatoria no solo resultaría antieconómica, sino que podría constituir un delito si no existieron razones técnicas que justificaran la importación. En ese sentido, sostiene que el sistema eléctrico argentino cuenta con capacidad instalada suficiente para abastecer la demanda, por lo que recurrir a energía externa debería ser una alternativa excepcional.
La denuncia busca determinar si hubo delitos como malversación de fondos públicos, abuso de autoridad o incumplimiento de los deberes de funcionario público. Además, solicita una serie de medidas de prueba, entre ellas informes a CAMMESA sobre el despacho eléctrico de ese día, costos de generación, disponibilidad del sistema y comunicaciones internas vinculadas a la decisión. También se pidieron requerimientos a la Secretaría de Energía, el ENRE y el Ministerio de Economía.
El caso abre interrogantes sobre la planificación energética y el criterio utilizado para definir importaciones en un contexto donde la eficiencia de costos resulta clave para el sistema.
Fuente: LPO/Redacción TE.
