A más de tres décadas de su cierre, la antigua mina de uranio de Los Gigantes, ubicada en las sierras de Córdoba, continúa siendo un foco de preocupación ambiental. Los residuos radiactivos y químicos acumulados durante su operación entre 1982 y 1989 representan hoy un riesgo latente para las cuencas de agua que abastecen a gran parte de la provincia.
El yacimiento, administrado por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), funcionó durante apenas siete años, pero dejó atrás un enorme pasivo ambiental: más de 2,4 millones de toneladas de colas de mineral, además de materiales estériles y marginales provenientes del proceso de extracción de uranio.
Estos residuos fueron depositados en diques de contención ubicados en una zona de nacientes de ríos que alimentan el embalse San Roque, fuente clave de agua potable para la ciudad de Córdoba y el valle de Punilla.
Riesgos que persisten
Organizaciones ambientales y especialistas advierten que las lluvias intensas, cada vez más frecuentes, podrían provocar filtraciones o desbordes de los diques que contienen los desechos radiactivos.
“El sitio no está remediado y los riesgos son reales. Basta un evento climático extremo para que los residuos alcancen los arroyos que alimentan el San Antonio y el San Roque”, alertó el biólogo Raúl Montenegro, de la Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM).
Postura oficial
Desde la CNEA, aseguran que no existe contaminación fuera del perímetro del predio y que se realizan tareas de monitoreo y mantenimiento constantes. El organismo también desmintió recientes versiones sobre una rotura del Dique 3, señalando que se trató de un incidente ocurrido en 2021, ya reparado en 2023.
Sin embargo, los ambientalistas cuestionan la falta de transparencia y la ausencia de un plan integral de remediación. “El discurso oficial no coincide con lo que se observa en el terreno. Las tareas son paliativas, no de saneamiento real”, sostienen desde la Red Nacional de Acción Ecologista.
Pese a que la CNEA elaboró un proyecto de remediación en 2018, su ejecución sigue sin avances significativos. El predio continúa sin una solución definitiva y el control ambiental depende de monitoreos discontinuos.
En un contexto de crecientes debates sobre minería y energía nuclear, Los Gigantes se convirtió en un caso testigo de cómo un proyecto extractivo puede dejar una herencia peligrosa cuando no se planifica su cierre y remediación.
Un llamado a la acción
La mina de uranio de Los Gigantes resume un problema que atraviesa a muchas regiones del país: los pasivos ambientales abandonados. Sin medidas concretas, el tiempo agrava el daño y multiplica los riesgos.
El desafío es doble: garantizar la seguridad de las comunidades y promover políticas públicas que eviten que la historia vuelva a repetirse.
Fuente: AIM Digital/Redacción TE.
