El Congreso de Brasil discute una propuesta para aplicar un impuesto uniforme del 17,5 % sobre todas las operaciones con criptoactivos, lo que marcaría un cambio estructural en el tratamiento fiscal de estos activos en la principal economía sudamericana. La medida busca eliminar exenciones previas que beneficiaban a usuarios que operaban en plataformas del exterior, una práctica habitual entre inversores brasileños para sortear la supervisión local.
La iniciativa, impulsada por sectores legislativos vinculados al oficialismo, ya comenzó a generar impacto en los principales exchanges que operan en la región y encendió las alarmas entre empresas vinculadas a la economía digital. El fisco brasileño, en paralelo, comenzó a solicitar datos a plataformas internacionales con el objetivo de ampliar la trazabilidad y combatir la evasión impositiva en el sector.
El debate se produce en un contexto de expansión del uso de criptomonedas en América Latina, donde Brasil busca consolidar una regulación más estricta frente a otros países que aún no han avanzado con normativas específicas o mantienen enfoques fragmentados. La discusión en Brasil también incluye la posibilidad de establecer una autoridad nacional dedicada exclusivamente a supervisar el ecosistema cripto, articulada con el Banco Central y el sistema financiero tradicional.
En Argentina, en cambio, las señales institucionales siguen siendo ambiguas. La polémica en torno al caso Libra Project, una firma investigada por transferencias no declaradas por más de 500.000 dólares hacia una plataforma en Dubái, volvió a exponer los vacíos de control y la limitada capacidad del sistema actual para fiscalizar movimientos cripto con estándares internacionales. La causa ganó especial notoriedad luego de que trascendiera que entre los principales beneficiarios y destinatarios de los fondos figuran empresarios cercanos al presidente Javier Milei, lo que derivó en acusaciones cruzadas y presentaciones judiciales por posible conflicto de intereses y omisión maliciosa.
Según publicó AInvest, el caso revela la dificultad de las autoridades argentinas para seguir operaciones que se realizan fuera del sistema financiero local, especialmente cuando se utilizan exchanges radicados en países con escasa cooperación regulatoria. La Unidad de Información Financiera y el Banco Central aún no han emitido lineamientos claros sobre la fiscalización de este tipo de movimientos, lo que refuerza la sensación de desprotección e informalidad en el sector.
En este escenario, el contraste entre el avance brasileño hacia una regulación firme y la incertidumbre normativa argentina vuelve a poner en foco la necesidad de definiciones estratégicas en materia de economía digital. Mientras Brasil busca aumentar la recaudación y formalizar el sector, Argentina enfrenta el riesgo de una creciente informalidad en el uso de criptomonedas, sin herramientas efectivas para fiscalizar ni para ofrecer seguridad jurídica a usuarios e inversores.
Fuente: AInvest . Redacción TE
