Londres – 30 de junio de 2025. Según informó la agencia Reuters, el Gobierno argentino solicitó a la Corte Superior de Londres que suspenda la ejecución de una sentencia judicial dictada en Estados Unidos, que ordena al país a pagar más de 16.000 millones de dólares en concepto de indemnización por la expropiación de la petrolera YPF en 2012.
La presentación judicial busca evitar que los fondos demandantes —entre ellos Burford Capital y Eton Park— avancen en el cobro forzado de la sentencia en territorio británico, mientras aún se encuentra en curso una apelación presentada por el Estado argentino en la justicia norteamericana.
El eje del conflicto se remonta a la nacionalización del 51 % de las acciones de YPF, entonces en manos de la española Repsol, realizada sin una oferta pública de adquisición para los accionistas minoritarios, lo que motivó demandas millonarias por parte de estos últimos.
Según la agencia internacional, Argentina argumentó ante la justicia británica que no posee activos embargables relevantes en el Reino Unido y que ejecutar la sentencia en esas condiciones implicaría un perjuicio desproporcionado mientras el caso sigue abierto en Estados Unidos.
Desde la sentencia inicial en 2023, el monto adeudado se ha incrementado sustancialmente por intereses diarios estimados en más de 2,5 millones de dólares, lo que agrava el impacto fiscal y financiero del eventual fallo definitivo.
Este conflicto judicial no solo tiene implicancias económicas: también reabre el debate sobre la soberanía energética, la seguridad jurídica en procesos de expropiación y la exposición de activos estratégicos nacionales a tribunales internacionales.
