El Gobierno argentino presentó este miércoles su defensa ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, en el marco del juicio por la expropiación del 51 % de las acciones de YPF realizada en 2012. La audiencia, que se extendió por casi dos horas, puso a prueba los argumentos de las partes antes de que el tribunal defina si mantiene o revierte el fallo que condenó al país a pagar entre US$ 16.000 y 18.000 millones.
El panel de jueces —integrado por Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson— escuchó las exposiciones del abogado Robert Giuffra, del estudio Sullivan & Cromwell, en representación del Estado argentino, y de Paul Clement, por el fondo Burford Capital, que adquirió los derechos de la demanda hace más de una década.
Los ejes de la defensa argentina
Giuffra planteó que el caso debe resolverse bajo derecho argentino, dado que la disputa se origina en normas locales vinculadas a la expropiación y al estatuto de YPF. Argumentó que el tribunal de primera instancia “creó un remedio sin precedentes no autorizado por la ley argentina” y que el proceso debió haberse tramitado en los tribunales nacionales.
La defensa también invocó el principio de “forum non conveniens”, señalando que los hechos, las pruebas y las leyes involucradas están directamente relacionadas con Argentina, por lo que no corresponde la jurisdicción de los tribunales estadounidenses.
La respuesta del fondo Burford
El abogado de Burford Capital, Paul Clement, defendió la competencia de la justicia de Nueva York y sostuvo que los accionistas de YPF tenían derecho a acudir a ese foro por haber adquirido títulos bajo las reglas de la bolsa estadounidense.
A su vez, aseguró que no hay disposiciones en la ley argentina que impidan buscar reparación fuera del país y acusó al Estado argentino de haber incumplido las obligaciones establecidas en el estatuto de la compañía durante la expropiación.
La audiencia no dejó una resolución inmediata. Los jueces deberán ahora deliberar sobre aspectos técnicos como la jurisdicción aplicable, la interpretación del derecho argentino y el método de cálculo de los daños.
El fallo podría conocerse recién en 2026. En caso de que la Cámara confirme la condena, Argentina aún podría recurrir ante la Corte Suprema de Estados Unidos.
Desde el Gobierno argentino se mostraron cautelosos, aunque optimistas, respecto a las chances de revertir el fallo. Argumentan que permitir que tribunales extranjeros definan sobre actos soberanos como una expropiación “compromete la aplicación del derecho local y la soberanía nacional”.
Fuente: Diario Río Negro/Redacción TE.
