La Secretaría de Minería dejó sin efecto ocho resoluciones vinculadas a programas, planes y mecanismos de gestión del sector. La medida forma parte del proceso de reorganización administrativa y reducción del gasto impulsado por la gestión de Javier Milei.
El Gobierno nacional avanzó con una nueva etapa de reordenamiento de la política minera. A través de la Resolución 64/2026, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el secretario de Minería, Luis Enrique Lucero, la Secretaría de Minería derogó ocho normas dictadas entre 2008 y 2022.
La decisión alcanza programas y estructuras relacionados con la transferencia de recursos a provincias y municipios, la minería social, la planificación estratégica, el seguimiento de importaciones, las políticas de género y el monitoreo de variables ambientales vinculadas con la actividad minera.
Desde el Gobierno señalaron que la medida se encuadra en el proceso de simplificación y reorganización de la Administración Pública, en línea con los objetivos establecidos por la Ley Bases. El argumento oficial apunta a evitar la superposición de funciones, reducir estructuras y racionalizar el uso de los recursos estatales.
Los programas que quedaron sin efecto
Entre las normas derogadas figuran las Resoluciones 55/2008 y 134/2008, relacionadas con mecanismos de transferencia de fondos.
También quedó sin efecto la Resolución 36/2020, mediante la cual se había implementado el Plan Nacional de Minería Social durante la emergencia sanitaria, y la Resolución 47/2020, que había creado el Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino.
El listado incluye además la Resolución 138/2020, vinculada con una mesa de análisis de importaciones; la Resolución 255/2021, que había creado la Red Federal de Mujeres Mineras Argentinas; y las Resoluciones 50/2022 y 53/2022.
Esta última había puesto en marcha un proyecto federal destinado al fortalecimiento de las capacidades de monitoreo de variables ambientales relacionadas con la actividad minera.
Qué ocurre con los convenios que ya estaban firmados
La eliminación de los programas no implica la interrupción automática de los compromisos asumidos previamente por el Estado.
La resolución establece que los derechos y obligaciones derivados de convenios ya celebrados permanecerán vigentes, por lo que deberán continuar los procesos de ejecución, rendición de cuentas y, cuando corresponda, recupero de fondos.
El Gobierno también planteó que determinadas funciones desarrolladas bajo las estructuras ahora derogadas podrán ser abordadas mediante nuevos mecanismos de coordinación o instancias alternativas.
Reordenamiento en un sector estratégico
La decisión se conoce mientras el Gobierno busca acelerar el desarrollo de la minería como uno de los sectores destinados a generar inversiones y divisas. El foco está puesto especialmente en proyectos de litio, cobre, oro y plata, en un contexto de creciente interés de empresas nacionales y extranjeras.
La derogación de estos programas marca, al mismo tiempo, un cambio en la forma en que el Estado nacional pretende intervenir sobre la actividad: menos estructuras y programas específicos y una mayor concentración de funciones dentro de los organismos existentes.
La Resolución 64/2026 entró en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
Fuente: Boletín Oficinal/Redacción TE.
