La Legislatura del Chubut aprobó este jueves la ley que ratifica el convenio firmado entre el Gobierno provincial e YPF, en el marco del retiro de la petrolera de las áreas convencionales de la Cuenca del Golfo San Jorge. La iniciativa fue sancionada con 18 votos afirmativos y 10 negativos, habilitando la ejecución del acuerdo y la incorporación al patrimonio provincial de los bienes transferidos por la empresa.
El convenio contempla una compensación extraordinaria de 25 millones de dólares que, por disposición expresa de la ley, deberá destinarse exclusivamente a obras de infraestructura, servicios públicos, salud, seguridad, saneamiento y otras inversiones de interés público en Comodoro Rivadavia, con el objetivo de impedir que esos recursos puedan ser utilizados para otros fines.
El proyecto obtuvo el acompañamiento de los 14 diputados del oficialismo, además de Mariela Williams (bloque sastrista), Daniel Casal (Familia Chubutense) y los legisladores Gustavo González y Mariela Tamame (Chubut Unido). En tanto, los diputados de Arriba Chubut, el PICH y el Frente de Izquierda votaron en contra, mientras que Tatiana Goic estuvo ausente.
Antes de su aprobación, la iniciativa fue modificada en comisión para incorporar algunos de los planteos realizados por el Municipio de Comodoro Rivadavia, aunque sin alterar los términos centrales del acuerdo alcanzado con YPF.
Entre las modificaciones más relevantes, la norma establece que los fondos provenientes de la compensación solo podrán destinarse a Comodoro Rivadavia y reconoce expresamente las competencias del municipio en materia de planificación urbana, uso del suelo, habilitaciones, control ambiental y poder de policía sobre los inmuebles alcanzados por el convenio.
Además, se amplió la integración del Consejo Consultivo que analizará el destino de los edificios, clubes y terrenos transferidos por la petrolera. El organismo estará conformado por representantes del Gobierno provincial, del Municipio de Comodoro Rivadavia y de organizaciones de la sociedad civil, con carácter consultivo.
La ley también establece un régimen para la regularización dominial de inmuebles ocupados por clubes, asociaciones civiles y otras instituciones comunitarias. El procedimiento prevé relevamientos, permisos de uso y comodatos hasta concretar las transferencias definitivas.
Asimismo, incorpora restricciones para preservar el destino social de esos bienes, que no podrán venderse, hipotecarse, cederse ni modificar su finalidad durante un plazo mínimo de 20 años sin autorización expresa del Estado provincial.
Uno de los puntos que generó mayor discusión durante la sesión fue la cláusula de indemnidad ambiental incluida en el convenio, mediante la cual la Provincia renuncia a promover nuevos reclamos contra YPF por pasivos ambientales vinculados a las áreas comprendidas en el acuerdo.
Desde los bloques opositores solicitaron precisiones sobre el alcance de esa disposición y plantearon dudas respecto de la relación entre la compensación económica acordada y los eventuales costos que puedan demandar las tareas de remediación ambiental.
Con la sanción de la ley, el Gobierno provincial quedó habilitado para ejecutar el convenio firmado con YPF, incorporar los bienes transferidos al patrimonio provincial y avanzar con las obras que serán financiadas con la compensación económica acordada con la empresa.
Fuente: Diario Jornada / Redacción TE.
