El gobierno de Javier Milei avanza en silencio sobre uno de los proyectos más sensibles de la nueva economía digital: la instalación de mega data centers destinados al desarrollo de inteligencia artificial bajo el paraguas del Súper RIGI, un esquema que promete beneficios fiscales extraordinarios para inversores extranjeros, pero que todavía no presenta exigencias ambientales, energéticas ni tecnológicas concretas para operar en el país.
La visita del magnate tecnológico Peter Thiel al Palacio de Hacienda terminó de confirmar el interés oficial por transformar a la Argentina en un polo regional de infraestructura para IA. El fundador de PayPal y Palantir Technologies mantuvo reuniones con el ministro de Economía, Luis Caputo, el viceministro José Luis Daza y el titular del Banco Central, Santiago Bausili, en medio de la ampliación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones.
El nuevo esquema reduce la carga impositiva para estos proyectos, baja Ganancias del 25% al 15%, acelera amortizaciones y habilita ventajas para importaciones y exportaciones. Pero detrás de la narrativa oficial de modernización y desarrollo tecnológico, aparece una discusión todavía ausente: qué recibe realmente el país a cambio de entregar energía barata, recursos naturales y flexibilidad regulatoria a gigantes tecnológicos globales.
Los data centers son estructuras de altísimo consumo energético e hídrico. Allí funcionan miles de servidores que sostienen servicios digitales, plataformas, sistemas financieros y modelos de inteligencia artificial. Para operar requieren suministro eléctrico constante, sistemas de refrigeración permanentes y enormes capacidades de conectividad.
En el caso de la IA, el problema escala todavía más. El entrenamiento y funcionamiento de modelos avanzados demanda cantidades crecientes de electricidad y agua. Según estimaciones internacionales, los centros de datos ya representan alrededor del 1,5% del consumo eléctrico mundial y podrían duplicar esa participación hacia 2030.
Mientras países como Brasil, Chile y Uruguay avanzaron en regulaciones específicas para limitar impactos ambientales y exigir contraprestaciones tecnológicas, la Argentina todavía no presentó condiciones claras para quienes quieran desembarcar bajo el Súper RIGI.
En Brasil, por ejemplo, las empresas deben abastecerse mayoritariamente con energías renovables y destinar parte de su capacidad de procesamiento al sistema científico local. Chile avanzó con criterios de localización vinculados a excedentes de energía solar y eólica tras conflictos por proyectos de Google cuestionados por el uso de agua. Uruguay también enfrentó fuertes protestas sociales por el consumo hídrico asociado a un centro de datos de la compañía estadounidense.
En cambio, el modelo argentino parece orientado principalmente a garantizar ventajas fiscales y baja regulación como estrategia de seducción para los inversores.
Especialistas advierten que el impacto económico local podría ser mucho menor al prometido. La construcción de estas instalaciones genera empleo temporal, pero la operación cotidiana requiere poco personal permanente. La mayor parte del valor agregado asociado a ciberseguridad, software e inteligencia artificial permanece concentrado en las casas matrices de las grandes tecnológicas.
La directora de Insight LAC, Paula Garnero, señaló que el Gobierno argentino tampoco exige compromisos vinculados a investigación, transferencia tecnológica o financiamiento científico, a diferencia de otros países de la región. “Argentina no está pidiendo requisitos a los inversores”, advirtió.
Además del consumo energético, otra de las alarmas pasa por el uso de agua. Los sistemas de enfriamiento de centros de datos de gran escala pueden requerir millones de litros diarios dependiendo de la tecnología utilizada. En la Patagonia, donde ya existe presión sobre recursos estratégicos vinculados a la industria petrolera y al fracking de Vaca Muerta, la llegada de mega instalaciones de IA podría profundizar tensiones sobre infraestructura y disponibilidad hídrica.
En octubre de 2025, OpenAI difundió una carta de intención para desarrollar un data center de 500 MW en la Patagonia a través de Stargate Argentina, con una inversión estimada en u$s 25.000 millones. Sin embargo, hasta el momento no se conocen detalles públicos sobre exigencias ambientales, provisión energética ni condiciones regulatorias específicas para el proyecto.
La apuesta libertaria por convertir a la Argentina en una plataforma de baja regulación para la carrera global de la inteligencia artificial empieza a despertar preguntas incómodas. Mientras el Gobierno ofrece beneficios fiscales extraordinarios y acceso barato a recursos estratégicos, todavía no hay precisiones sobre cuánto empleo de calidad quedará en el país, qué impacto tendrán estas infraestructuras sobre el sistema energético ni qué capacidad tendrá el Estado para controlar a corporaciones tecnológicas con consumos equivalentes al de ciudades enteras.
Fuente: Letra P / Redacción TE.
