El Gobierno nacional dio un paso atrás en su decisión inicial y resolvió convocar a una audiencia pública para ordenar el conflicto generado en torno a una obra clave del sistema eléctrico en San Juan. La medida, instrumentada a través del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), apunta a revisar el otorgamiento de prioridad de uso sobre la capacidad de transporte en una línea de 500 kV, que había quedado mayormente asignada al proyecto minero Vicuña.
La convocatoria, formalizada en la Resolución 165/2026 publicada en el Boletín Oficial, surge tras los cuestionamientos del ente regulador provincial (EPRE), municipios y otras compañías del sector, que rechazaron la decisión original por considerar que limitaba el acceso de futuros desarrollos productivos.
Con esta movida, la administración nacional busca encauzar una disputa que rápidamente escaló en tensión política e institucional. Antes de avanzar con el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública (CCyNP), el ENRE habilitó una instancia de debate técnico y participación ciudadana para evaluar el alcance de la obra y su impacto en el sistema eléctrico y en el desarrollo regional.
El foco del conflicto está puesto en el corredor Nueva San Juan–Rodeo, una infraestructura estratégica para el crecimiento de la minería y las energías renovables en el norte provincial. La asignación inicial, que contemplaba una prioridad cercana al 90% para Vicuña durante un período prolongado, generó fuertes críticas por su potencial efecto excluyente sobre otros proyectos.
En San Juan, el malestar se apoyó también en un argumento histórico: la red en cuestión fue financiada en gran parte por usuarios locales, lo que derivó en denuncias de “expropiación regulatoria” y falta de criterios federales en la toma de decisiones.
La nueva instancia impulsada por el Gobierno busca precisamente reencauzar el proceso dentro de los mecanismos de transparencia previstos por la normativa eléctrica, y al mismo tiempo evitar una judicialización que podría frenar inversiones clave en el marco del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).
El proyecto Vicuña —que integra los desarrollos Josemaría y Filo del Sol— prevé una inversión inicial de unos US$ 7.100 millones, con un potencial de expansión que podría alcanzar los US$ 18.000 millones a lo largo de su ejecución.
Desde la empresa aclararon que la solicitud presentada no implica control sobre la red ni exclusividad en el sistema de transporte. Se trata, indicaron, del procedimiento habitual para acceder a capacidad eléctrica y promover ampliaciones cuando la infraestructura existente resulta insuficiente.
En ese sentido, remarcaron que el esquema vigente en Argentina se basa en el principio de acceso abierto: cualquier actor puede solicitar conexión al sistema y, en caso de ser necesario, financiar obras de ampliación. Esa inversión otorga prioridad de uso sobre la capacidad adicional generada, pero no bloquea el ingreso de otros proyectos ni les impide presentar alternativas.
El expediente ya cuenta con evaluaciones técnicas favorables de organismos como CAMMESA, Transener y otras operadoras del sistema, que consideraron viable la incorporación de la nueva demanda sin comprometer la estabilidad del Sistema Argentino de Interconexión (SADI).
Con la audiencia pública en marcha, se abre ahora un espacio formal para que actores clave —como otras mineras interesadas, entre ellas Los Azules y Hualilán, además de autoridades locales— expongan sus posiciones antes de que el ENRE adopte una definición final.
Más allá de la disputa, la obra en cuestión representa un salto estructural para el sistema eléctrico del norte sanjuanino. La incorporación de infraestructura en 500 kV permitirá ampliar significativamente la capacidad de transporte, eliminar restricciones y habilitar nuevos proyectos productivos.
Además, una vez construida, la infraestructura se integrará al sistema nacional, convirtiéndose en un activo permanente que beneficiará tanto a la industria como a los usuarios residenciales.
El fortalecimiento de la red también mejorará la confiabilidad del suministro y abrirá nuevas oportunidades para el desarrollo de energías renovables, en una provincia con alto potencial solar pero limitada por la capacidad de evacuación eléctrica.
En este contexto, el Gobierno apuesta a equilibrar intereses: sostener una inversión minera de escala global sin cerrar la puerta al desarrollo de otros proyectos y, al mismo tiempo, transformar una iniciativa privada en una plataforma energética de largo plazo para toda la región.
Fuente: Iprofesional/Redacción TE.
