El proyecto de modificación de la Ley de Glaciares presentado recientemente en el Congreso encendió fuertes cuestionamientos por parte de organizaciones ambientales, especialistas y sectores académicos, que advierten que la iniciativa reduce el alcance de la protección sobre uno de los principales reservorios de agua dulce del país.
La propuesta oficial plantea un cambio sustancial en el espíritu de la Ley 26.639, sancionada en 2010, al limitar la protección únicamente a los glaciares que cumplan una “función hídrica efectiva y relevante”, dejando fuera a numerosas formaciones de hielo y áreas periglaciales que actualmente se encuentran amparadas por la normativa vigente.
Según críticos del proyecto, esta redefinición introduce criterios restrictivos y ambiguos, ya que la función hídrica de muchos glaciares no puede medirse de manera inmediata ni aislada, y cumple un rol estratégico a largo plazo en la regulación de los ecosistemas, la provisión de agua y la adaptación al cambio climático.
Otro de los puntos más cuestionados es el debilitamiento del Inventario Nacional de Glaciares, que si bien se mantiene como herramienta técnica, perdería peso jurídico en la toma de decisiones. Esto permitiría que las provincias tengan mayor discrecionalidad para habilitar actividades productivas en zonas sensibles, una situación que —según advierten especialistas— podría derivar en criterios desiguales y presiones económicas sobre áreas de alto valor ambiental.
Desde el Gobierno se argumenta que la reforma busca otorgar mayor seguridad jurídica y fortalecer el federalismo, facilitando inversiones estratégicas, en particular en el sector minero. Sin embargo, organizaciones ambientalistas señalan que la iniciativa responde a reclamos históricos de empresas extractivas, interesadas en flexibilizar las restricciones vigentes en regiones con potencial para la explotación de litio, cobre y otros minerales.
Además, juristas y entidades ambientales alertan que el proyecto podría violar el principio de no regresión ambiental, reconocido en tratados internacionales y en la jurisprudencia argentina, que prohíbe reducir los niveles de protección ya alcanzados en materia ambiental.
En un contexto de crisis climática y estrés hídrico creciente, los críticos del proyecto sostienen que modificar la Ley de Glaciares implica poner en riesgo el acceso futuro al agua y debilitar una de las normas ambientales más relevantes del país. El debate legislativo promete ser intenso y vuelve a colocar en el centro de la escena la tensión entre desarrollo económico, protección ambiental y derechos colectivos.
Fuente: Mejor energía/Redacción TE.
