El Ejecutivo nacional estudia implementar nuevos mecanismos de cruce de datos sobre gastos de los usuarios —como prepagas de salud, telefonía móvil, cable, facturación de servicios y movimientos en billeteras virtuales— para redefinir la focalización de los subsidios energéticos. La intención es que la ayuda estatal llegue más justamente a quienes la necesitan, al tiempo que se modera su impacto sobre el PBI.
Actualmente alrededor del 60 % de los hogares reciben algún nivel de subsidio energético, pese a los ajustes realizados en la gestión vigente. Sin embargo, fuentes oficiales indican que solamente el 27 % de los hogares está por debajo de la línea de pobreza, lo que abre un margen para revisar quiénes verdaderamente requieren el auxilio estatal.
Hasta ahora la segmentación de subsidios se basaba principalmente en declaraciones juradas de ingresos y clasificación en categorías N1, N2 y N3. Sin embargo, el Gobierno admite que ese método tiene limitaciones para detectar la real capacidad de pago de muchas familias.
Por eso se apunta a incorporar información de gasto: cuánto se invierte en servicios privados (como prepagas de salud), comunicaciones (telefonía, cable) y transacciones digitales (billeteras virtuales). Esa data serviría para construir una foto más precisa del nivel socioeconómico de cada hogar.
También se evalúa sumar criterios geográficos —la zona donde vive el usuario de los servicios— como elemento adicional de ajuste en la clasificación de subsidios.
Objetivos, desafíos y riesgos
El esquema busca reducir los subsidios energéticos generales (estimados en unos US$ 3.500 millones para cierre de 2025), y concentrarlos en hogares que no puedan afrontar tarifas plenas. Para ello, el Gobierno aspira a dejar atrás el actual sistema de segmentación y adoptar un modelo más fino y dinámico.
Sin embargo, la iniciativa enfrenta múltiples retos:
• Falta de datos confiables: En el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) hay vacíos de información, que el gobierno pretende suplir mediante intercambios con otras instituciones y mayores incentivos para que los usuarios declaren todos los integrantes del hogar.
• Alta informalidad: Muchas personas tienen su actividad económica no registrada, lo que complica que el Estado detecte ingresos reales o nivel de consumo genuino. • Errores de exclusión: Focalizar implica el riesgo de dejar fuera beneficiarios que podrían necesitar el subsidio. Para mitigar esto, prevén sistemas de apelaciones y plataformas de reclamo provincial.
• Capacidad tecnológica y normativa: Se requiere modernizar la infraestructura de datos estatales, así como generar normas legales que avalen el cruce y uso de esa información.
Fuente: Econojournal/Redacción TE.
